En cuanto a la legislación española podemos encontrar regulaciones que son poco restrictivas con penas demasiado laxas. Hemos tardado exactamente treinta años en ratificar el ‘Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía’ (se aprobó en 1987 y lo ratificamos en el año 2017), un documento con principios básicos para el bienestar animal y que condena el infligir innecesariamente dolor, sufrimiento, angustia y abandono a una animal de compañía.

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En diciembre de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad que los animales dejen de ser considerados cosas y, en cambio, sean reconocidos jurídicamente como seres vivos. De esta forma, nuestro país sigue los pasos en la misma dirección de países como Austria, Alemania, Francia, Portugal y Suiza, que también han cambiado la consideración legal de los animales como cosas. Es un paso importante en torno a la protección animal porque, hasta ahora, en España se consideraba a los animales meros objetos, como si se tratase de un mueble, un coche o un piso que podía ser embargado a su dueño y no se contemplaba su futuro en los casos de ruptura familiar.

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No existe una regulación de ámbito estatal, sino que depende de cada comunidad autónoma. A nivel regional podemos decir que Andalucía dispone de una ley de protección de los animales que distingue positivamente distintos sectores en virtud de la finalidad a la que son destinados: ganadería, experimentación, compañía, etc. Debido a sus especiales connotaciones requieren un tratamiento separado y pormenorizado para lograr una protección que se ajuste a sus específicas necesidades. La ley considera infracciones de carácter muy grave la muerte de animales, el abandono, las peleas de animales, los espectáculos que causen sufrimiento y los malos tratos, comportamientos penados con sanciones de 2.000 hasta 30.000 euros.